Francisco
Díaz Montilla
En
Rewriting the Soul, el filósofo
canadiense Ian Hacking introdujo el término contagio semántico (semantic
contagion) para referirse a la forma en la que la identificación y descripción
pública de una condición (acción) crea los medios para su propagación. Ocurre
cuando una (nueva) descripción influye en nosotros para reclasificar (etiquetar)
las acciones de los demás.
Casos
de contagio semántico hay muchísimos, pero tal vez sea el político el contexto
donde más expuestos estamos a padecer sus “efectos”. Aunque los medios de
contagio son diversos, al menos dos son fundamentales para ello: los medios de
comunicación y más recientemente las redes sociales.
Si
el proceso de contagio no tuviera un efecto mayor al de generar opinión
pública, no habría mayor problema. Pero no podemos ser tan ingenuos: hay una
relación muy estrecha entre opinión y acción. Por eso, cabe preguntarse si las
redes sociales y los medios de comunicación son epistémicamente seguros. Tengo
serias dudas al respecto, pero ese sería tema para otro escrito.
Hace
algunos meses se dieron en el país dos situaciones en las que desde las redes
sociales y desde los medios de comunicación fuimos expuestos a un contagio
semántico. La primera de ellas fue el conflicto entre el Suntracs y la Capac;
si nos ceñimos a los comentarios vertidos por algunos periodistas tanto en
medios de comunicación (periódico, radio y televisión) como en redes sociales, una
cosa es clara: los obreros y/o su dirigencia son enemigos de la clase media,
pues a causa de su egoísmo los “clasemedieros” no podrán comprar una vivienda
decente en la que vivir debido a los altos salarios que recibirán aquellos. Y a
propósito de salarios, un obrero no puede aspirar a tanto.
La
segunda fue el anuncio del expresidente Martinelli en el que comunicó la
renuncia a sus pretensiones por resolver en los tribunales estadounidenses y
que se acogería -como en efecto hizo- a la extradición hacia Panamá. En principio
no hay nada reprochable en que los medios y las redes sociales se hicieran eco
de la decisión tomada. El problema es que la decisión per se pasó a un segundo
plano y en su lugar afloraron diversas conjeturas sobre el sentido,
propósito, efectos, etc. de tal decisión, enfocadas todas ellas a sembrar fundada o infundadamente la
idea (creencia) de que dicho señor sigue siendo un referente político que tiene
la capacidad de influir decididamente en los resultados de las elecciones de
2019.
Yo
personalmente no creo que los obreros y/o su dirigencia sean enemigos de la
clase media; creo -sí- que hicieron uso de mecanismos establecidos en la ley
para lograr objetivos compatibles enteramente con la Constitución. En cuanto a
los precios del sector inmobiliario, es parte de una dinámica que en una
sociedad de libre mercado (¿tal cosa existe?) no puede ser controlada, a menos que seamos
defensores (radicales o moderados) del intervencionismo estatal. ¿Debe el Gobierno aplicar un control
de precios inmobiliario?
Tampoco
creo que el expresidente Martinelli sea una figura relevante en sí mismo; por
el contrario, su relevancia es proporcional al reconocimiento social que le
demos: su vigencia es en gran medida producto de los medios, que al minúsculo
pedo del señor arman una alharaca cósmica. Pero además, si su condición de
presidente en 2014 no fue suficiente para garantizar la continuidad de su
partido en el poder, es menos probable
que desde donde se encuentra haya garantías para la vuelta de sus copartidarios al gobierno
ahora que ni controla el partido ni goza de las libertades (poder) que entonces
tenía.
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